Responsabilidad Penal empresaria y compromiso

22.11.2017

Tras un extenso debate parlamentario, y con amplio apoyo mayoritario, el 8 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Herramienta central para la prevención y combate de la corrupción, poniendo el acento en los privados, en las empresas y, en particular, en las que contratan con el Estado.

Si bien el nuevo texto legal presenta algunos puntos controvertidos, se ha dado un gran avance al dictarse esta ley, cuyos defectos o lagunas se podrán ir corrigiendo en futuras modificaciones y/o reglamentaciones. Fundamental, en este sentido, será el rol de la Justicia en la interpretación y aplicación de las nuevas normas.

Son varios los puntos que se destacan en esta ley para combatir la corrupción empresaria. A saber:

1. Qué delitos abarca.

2. Qué penas recibirán las empresas condenadas.

3. Cuándo prescribe la acción penal.

4. El punto más novedoso, el Programa de Integridad/Compliance, los requisitos y consecuencias que deberán atender todas las empresas que contratarán con el Estado, independientemente de su tamaño.

Respecto a este último punto, los programas de Integridad que han dejado de ser novedad en otros hemisferios e incluso en América Latina, persiguen varios objetivos. Si bien sus efectos más concretos son actuar como eximente de pena para las compañías (penales-administrativas) si son denunciadas, lo primordial es que contribuye a establecer una cultura en las empresas sostenible, ajustada a la ética y a la ley.

Es interesante destacar que en nuestra nueva legislación penal, estos Programas actuarán como eximente de condena si y sólo si, la empresa ha denunciado espontáneamente el delito tras una investigación interna, ha regresado el beneficio económico obtenido por el ilícito y, fundamentalmente, si dicho Programa contiene todos los puntos que exige el texto legal para que realmente pueda considerarse robusto y eficaz.

Ahora bien, en nuestra nueva legislación penal estos Programas actuarán como eximente de condena si y sólo si, la empresa ha denunciado espontáneamente el delito tras una investigación interna, ha regresado el beneficio económico obtenido por el ilícito y, fundamentalmente, si dicho Programa contiene todos los puntos que exige el texto legal para que realmente pueda considerarse robusto y eficaz. Por caso: código de ética, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y licitaciones, capacitaciones y análisis periódicos de riesgos, línea de denuncia, una política de protección al denunciante, un sistema de investigación interna, contar con un responsable a cargo del desarrollo y supervisión del Programa, procedimientos para comprobar la integridad de terceros o socios del negocio, entre otros.


Fuente: https://www.cronista.com/columnistas/Responsabilidad-Penal-empresaria-y-compromiso-20171122-0006.html