Perú. US$ 393 millones se vincularían al lavado de activos

18.10.2017

Esta cifra es aún mayor que la que se mueve en el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal.

Todo indica que aún estamos muy lejos de ganar la guerra contra la corrupción que afecta al Estado. De acuerdo a informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre agosto de 2016 y julio del presente año se detectaron operaciones sospechosas de lavado de activos por un monto ascendente a 393 millones de dólares vinculadas con el delito contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito).

Dicho monto revela que en el último año la corrupción de funcionarios desplazó al tráfico ilícito de drogas y a la minería ilegal, que movilizaron US$ 57 millones y US$ 111 millones, respectivamente, en lo que respecta a operaciones sospechosas por blanqueo de dinero, según información estadística de la UIF.

En los últimos 10 años -es decir, entre enero de 2007 y julio de 2017- el lavado de activos vinculado a delitos contra la administración pública ascendió a un total de US$ 1,420 millones por encima de la defraudación tributaria que involucró US$ 474 millones en igual periodo.

En términos generales, el lavado de activos registrado en la última década, por toda clase de delitos, involucró un monto ascendente a los US$ 14,009 millones, habiéndose registrado -en ese mismo periodo- 47,217 reportes de operaciones sospechosas. A julio del presente año ya se han realizado 6,338 notificaciones de este tipo.

Para el abogado especialista en lavado de activos Marco Aurelio Padilla Rojas, las cifras de la UIF demuestran que no se ha avanzado mucho en la represión de este delito, básicamente porque la Unidad de Inteligencia Financiera no cuenta con el personal suficiente para hacer los controles debidos.

"No hay que olvidar que se han incrementado, inclusive, las entidades que están obligadas a informar a la UIF sobre operaciones sospechosas; por ejemplo, las notarías y las casas de cambio, pero aun así el lavado de activos continúa", dijo a EXPRESO.

Advirtió también que en la información estadística de la UIF no se explica claramente cuál es el número de operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos a las cuales se les ha hecho seguimiento. "Lo que pasa es que [esto] no aparece en forma clara. Siempre se habla de forma genérica, es decir, de investigaciones. Sin embargo, creo que es necesario fijar plazos realmente cortos para analizar todos los casos", dijo.

Sostuvo además que las operaciones sospechosas a las que alude la UIF incluyen fondos ilícitos o no justificados que son canalizados a través de productos, instrumentos financieros o de inversión.

También el incremento inusual de fondos en efectivos no justificados, que son colocados en el sistema financiero nacional, la utilización del mismo para ingresar y transferir recursos, así como transferencias remitidas o recibidas del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticias de bienes, no concordantes o relacionadas con mercancías sobrevaloradas o subvaluación de mercaderías.

¿Y a quién le corresponde fiscalizar esto?, le preguntamos, a lo cual Padilla Rojas respondió que esto es responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Es el primer bastión de la investigación, porque las operaciones posiblemente ilícitas o sospechosas son reportadas a ellos. Sin embargo, no se sabe mucho sobre sus investigaciones porque solo presentan estadísticas. No dicen cómo ha ido la investigación, cuántas de estas se convirtieron en procesos judiciales o en una denuncia fiscal", explicó.

En ese sentido, consideró por demás anecdótico que el lavado de activos por corrupción de funcionarios ocupe el primer lugar de la tabla en el periodo comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2017, porque es un periodo en donde, precisamente, se puso al descubierto todos los detalles del escándalo de sobornos pagados por empresas brasileras.

"Esto revela que no hemos avanzado mucho al respecto. No vemos una unificación en la lucha contra estos delitos, hay demasiados cuestionamientos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuando debería haber la unidad de criterios como política de Estado", indicó.

Sobre polémica casación

En medio de esta situación, ¿la decisión del Poder Judicial de dejar sin efecto la polémica casación respecto al lavado de activos es positiva? Al respecto, Marco Padilla indicó que la resolución de la Corte Suprema es importante porque establece que la polémica casación de Arequipa no es vinculante; es decir, no es obligatoria para que un magistrado o un funcionario del Ministerio Público adopte ese criterio.

"Lo que pasa es que todavía no ha sido publicado este pleno casatorio, pero el doctor César San Martín ha declarado que la Corte Suprema ha anulado los alcances de esta casación. En términos simples, dice que tras efectuar la evaluación correspondiente se ha establecido dejar sin efecto el carácter vinculante de la polémica sentencia 92-2017", recordó.

Además, explicó que la diferencia de criterios surgió a raíz de la resolución de casación que vino de Arequipa. "Básicamente el resumen es que había un ciudadano al que se le empezó a investigar por las transferencias que se hizo dentro de un club deportivo Mariano Melgar por varios millones de dólares", indicó.

Recordó que a esta persona se le denunció por un tema de delito contra la administración de personas jurídicas. "En esta sentencia casatoria se establecía que el fraude en la administración de las personas jurídicas no constituye delito fuente de lavado de activos. Con lo cual quedaba establecido que ese delito en sí no tiene la capacidad de generar ganancias ilegales por no revestir gravedad."

Sin embargo -indicó- lo grave de este hecho fue que se estableció justamente su calidad vinculante, situación que ha sido corregida en el reciente pleno casatorio en el cual se fijaron las pautas por las cuales se debe entender, ahora, el concepto de actividades criminales.

EN SALMUERA

Sobre si este pleno casatorio cambia las reglas de juego al lavado de activos, Padilla Rojas indicó que antes se requería solo una presunción de la comisión del delito y ahora hay criterios un poco más permeables que pueden manejar los abogados ante un magistrado.


Fuente: https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/us-393-millones-se-vincularian-al-lavado-activos/