Perú. Fallo Corte Suprema Congelamiento Administrativo de Activos

30.05.2018

El congelamiento administrativo de fondos, en virtud a esta legislación, (i) es una medida de carácter preventivo dispuesta por la UIF-Perú, motu proprio o a pedido del Ministerio Público; (ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada -en tanto en cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y b) de necesidad de su adopción por la dimensión y naturaleza de la investigación-; (iii) consiste en la prohibición del retiro, transferencia, uso conversión, disposición o movimientos de fondos u otros activos que se presumen están vinculados a los delitos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, sin generar la pérdida del derecho de propiedad sobre los fondos o activos afectados; y, (iv) se mantiene mientras no se revoque por decisión del Poder Judicial. Desde su naturaleza jurídica, la medida de congelamiento administrativo nacional de fondos u otros activos: 1. Es propiamente una restricción de derechos realizada por la Administración dictada en el marco de una investigación. 2. Es provisionalísima porque requiere la inmediata confirmación judicial; y, 3. Requiere para su imposición no solo de urgencia o peligro en la demora y que esté sujeta a las necesidades de la investigación, sino un fundamento o respaldo necesario, sin que a ello obste su carácter preventivo. Está condicionada al cumplimiento de dos principios que se erigen en garantías constitucionales, de carácter implícito y transversal, inherentes a la noción de Estado de Derecho y ancladas en cada derecho fundamental: 1. Intervención indiciaria, y 2. Proporcionalidad. La convalidación jurisdiccional de una medida dispuesta por una autoridad no judicial que restringe derechos fundamentales tiene como objeto certificar la conformidad a Derecho de aquélla; es decir, si la UIFPerú procedió correctamente, dentro de la ley.


Descargá la sentencia completa