Lavado de activos: el estándar de la prueba

25.10.2017

Expectativa viene causando entre la comunidad jurídica nacional, la reciente sentencia plenaria casatoria, que acordó dejar sin efecto la sentencia casatoria N° 092 -2017-Arequipa del 8 de agosto del 2017, sobre el delito de lavado de activos.

Esta decisión suprema, cuya integridad será publicada en el Diario Oficial El Peruano en los próximos días, ha establecido cuatro precisiones que están referidas al artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1106 y reiterado por el D. Leg. N° 1249, que establece también las nociones de "gravedad del delito ", actividades criminales y además sobre el estándar de la prueba en los delitos de lavado de activos.

Es así que en la doctrina y en la jurisprudencia penal peruana existe mucha discusión sobre el patrón de la prueba, pues el derecho penal en este caso regula la actividad probatoria que puede ser directa o indirecta, y así destruir el derecho constitucional de la presunción de inocencia.

Es un factor que varía de manera progresiva en intensidad, conforme avanzan las actuaciones judiciales, pues el juez debe estar seguro en cada decisión que tome, desde el inicio de la investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia, hasta la etapa de juzgamiento.

Para tal efecto, los jueces supremos han precisado en la sentencia plenaria casatoria una escala gradual de la denominada "sospecha jurídica", que se debe tener en cuenta desde los primeros elementos de convicción, hasta la valoración de la prueba que debe despejar toda duda razonable.

Así, para iniciar las diligencias preliminares solo son requeridos los elementos de convicción que sostengan lo que se llama "sospecha inicial simple".

Para formalizar investigación preparatoria es necesario la "sospecha reveladora"; en tanto que para emitir una acusación y dictar auto de enjuiciamiento, resulta como requerimiento la "sospecha suficiente".

En tanto para dictar la medida de prisión preventiva, es necesaria una "sospecha grave". y para emitir una sentencia, el elemento de la prueba tiene que despejar toda duda razonable.

Indudablemente será de mucho interés jurídico la publicación de la sentencia plenaria casatoria, pues será de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República y el estándar de la prueba, no solo será patrimonio exclusivo para los delitos de lavado de activos, sino que también se extenderá para todos los delitos y, en forma particular, para los delitos de criminalidad organizada.

No dudo que la decisión judicial suprema realizará importantes aportes dogmáticos y doctrinales y se realizará una correcta diferencia jurídica entre la prueba indiciaria y la sospecha, pues esta puede convertirse en un indicio, pero no puede adquirir el carácter de prueba. Un indicio es una prueba indirecta; la sospecha no es una prueba indirecta ni directa.

En resumen, lo que se requiere del juez es una certera y correcta valoración de la prueba, como instrumento procesal para consolidar una noble impartición de justicia. Se corre traslado.


Fuente: https://www.elperuano.com.pe/noticia-lavado-activos-estandar-de-prueba-60539.aspx