Las 21 claves de la reciente Resolución 21 de la UIF sobre Mercado de Capitales

06.03.2018


En el día de ayer se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 21/2018 que deroga y reemplaza la Resolución UIF N 229/11 dirigida al Mercado de Capitales y hace parcialmente lo propio respecto de la Resolución UIF N° 140/12 derogando -en este último caso- sólo lo relativo a los Fideicomisos Financieros. Se trata de la aplicación de la 3ra generación de normas de la UIF al mercado de capitales

Las claves de la reforma son:

  1. La modificación normativa tiene como norte el cumplimiento de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI (del año 2012), en particular en lo que hace a la aplicación de un enfoque basado en riesgo, que repercute sobre todo el sistema de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
  2. Habilita la posibilidad que los Sujetos Obligados del sector implementen plataformas tecnológicas que les permitan llevar a cabo trámites a distancia, agregando que ello deberá hacerse sin condicionar el cumplimiento de los Deberes de Debida Diligencia.
  3. Con respecto a los Sujetos Obligados a los que se dirige, la norma se adecua a las nuevas categorías de Agentes establecidas en la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, incluyendo a los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación en toda aquella actividad que realicen en el ámbito del Mercado de Capitales, y los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión. También incorpora a las personas jurídicas contempladas en el inciso 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 que actúen como fiduciarios financieros cuyos valores fiduciarios cuenten con autorización de oferta pública de la CNV.
  4. Establece tres categorías o niveles de Debida Diligencia de los Clientes (DDC). "Debida Diligencia Simplificada" para los clientes de Riesgo Bajo; "Debida Diligencia" para los clientes de Riesgo Medio y "Debida Diligencia Reforzada" para los de Riesgo Alto. Las mismas categorías se aplicarán para la actualización de los Legajos. Para aquellos Clientes a los que se hubiera asignado un nivel de Riesgo Alto, la periodicidad de actualización de Legajos no podrá ser superior a UN (1) año, y para aquellos de Riesgo Medio, a los DOS (2) años, estableciéndose que en ningún caso se podrá dejar de actualizar los Legajos de Clientes por un período mayor a los CINCO (5) años.
  5. Se establece la posibilidad de utilizar los procedimientos de Debida Diligencia de los Cliente realizados por otros Sujetos Obligados (con excepción de las reglas establecidas para la ejecución de la Debida Diligencia Continuada y del monitoreo, análisis y reporte de las operaciones) siempre y cuando los mismos sean supervisados por el BCRA, la CNV o la SSN.
  6. Los sujetos Obligados deberán efectuar una autoevaluación de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que enfrentan considerando al menos los siguientes factores: clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zona geográfica; y establecer mecanismos adecuados y eficaces para la mitigación de los mismos, contando con una Declaración de tolerancia al Riesgo y políticas para la aceptación de clientes según el riesgo que cada uno represente.
  7. Los Sujetos Obligados deberán establecer el rol de cada órgano interno en el diseño, aprobación, ejecución y actualización del Sistema de Prevención de LA/FT y del Manual de Prevención de LA/FT, desde el órgano de administración o autoridad máxima hasta los empleados, pasando por departamentos o comités internos especializados.
  8. Se prevé que los Grupos Económicos puedan designar un único Oficial de Cumplimiento para todos los entes que lo integran, en la medida en que las herramientas de administración y control de las operaciones le permitan acceder diariamente a toda la información necesaria en la debida forma
  9. También se establece que los Sujetos Obligados deberán constituir un Comité de Prevención de LA/FT responsable de brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la adopción y cumplimiento de políticas y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Prevención de LA/FT. Los Grupos podrán designar un único Comité de Prevención de LA/FT Corporativo. Los Sujetos Obligados que, en virtud de su autoevaluación de riesgos consideren que no resulta necesaria la efectiva implementación del Comité, por no encontrarse expuestos a niveles de riesgo significativos, podrán prescindir del mismo.
  10. La norma prevé la tercerización de la función de soporte de las tareas administrativas del Sistema de Prevención de LA/FT, bajo ciertas condiciones, entre ellas: que conste por escrito; que no incluya funciones reservadas a la máxima autoridad del Sujeto Obligado; que se asegure la protección de los datos; que excluya la Debida Diligencia Continuada (análisis de alertas transaccionales y la gestión de Reportes de Operaciones Sospechosas y sus archivos relacionados).
  11. También prevé la tercerización de las visitas a los clientes que se hubieran aceptado bajo la nueva modalidad no presencial, por agentes contratados por el Sujeto Obligado.
  12. Se reduce a cinco años el plazo de conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas; de la documentación de los Clientes y Propietarios/Beneficiarios Finales; de los documentos obtenidos para la realización de análisis, y toda otra documentación obtenida y/o generada en la aplicación de las medidas de Debida Diligencia, también se dispone que la documentación indicada debe conservarse en medios magnéticos, electrónicos u otra tecnología similar, garantizando la integridad de la información y su protección contra accesos no autorizados. Respecto a la documentación vinculada a operaciones inusuales o sospechosas, se exige que sea conservarla por diez años desde la fecha en que las operaciones fueron realizadas o tentadas.
  13. Efectúa mayores precisiones respecto de los requisitos que debe tener el plan anual de capacitación, así como también el contenido mínimo de las mismas y su adecuación a la actividad que desarrolla el Sujeto Obligado.
  14. Con respecto a la evaluación del Sistema de Prevención de LA/FT se establece una doble exigencia. Los Sujetos Obligados deberán contar por un lado con una Revisión independiente con experiencia acreditada en la materia (conforme lo establece la Resolución 67-E/17) y modificatorias y por otro con un Control Interno, que deberá incluir en sus programas anuales, los aspectos relacionados con el Sistema de Prevención de LA/FT.
  15. La norma exige que los Sujetos Obligados cuenten con un Código de Conducta destinado a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Prevención de LA/FT y establecer medidas para garantizar el deber de reserva y confidencialidad de la información relacionada al Sistema de Prevención de LA/FT.
  16. En los casos en los cuales el Sujeto Obligado no pudiera dar cumplimiento a la Debida Diligencia del Cliente conforme a la normativa vigente, se deberá efectuar un análisis con un enfoque basado en riesgos, en orden a evaluar la continuidad o no de la relación con el mismo.
  17. El Perfil Transaccional de cada cliente estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso. En los casos de Clientes de Riesgo Medio y Alto, el Perfil Transaccional deberá estar respaldado por la documentación, mientras que en el caso de los clientes de bajo riesgos podrá basarse en la información que hubiera sido suministrada por el Cliente o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado.
  18. Se establecen requisitos y otras precisiones respecto del Monitoreo transaccional y de los registros interno de operaciones objeto de análisis, así como también respecto de la identificación del analista a cargo, las medidas llevadas a cabo para la resolución de la alerta y la decisión final motivada que se hubiera adoptado.
  19. El plazo para emitir el reporte de una Operación Sospechosa de lavado de activos es de quince días corridos, computados a partir de la fecha en que el Sujeto Obligado concluya que la operación reviste tal carácter, no pudiendo superar los ciento cincuenta días corridos contados desde la fecha de la Operación Sospechosa realizada o tentada. En el caso del reporte de Operación Sospechosa de financiación del terrorismo es de cuarenta y ocho horas computados a partir de la fecha de la operación realizada o tentada.
  20. Se crean dos nuevos reportes sistemáticos. Uno para los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación y otro, denominado "Reporte Sistemático Anual" aplicable a todos los Sujetos Obligados a los que se dirige la nueva Resolución.
  21. Se establece el siguiente Plan de implementación: a) Al 30 de septiembre de 2018, deberán haber desarrollado y documentado la metodología de identificación y evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4° de la presente. b) Al 31 de diciembre de 2018, deberán contar con un Informe técnico que refleje los resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4° de la presente. c) Al 31 de marzo de 2019, deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos, según los requerimientos de la presente norma, y de acuerdo con los resultados de la Autoevaluación de Riesgos efectuada, los cuales deberán estar contenidos en el Manual de Prevención de LA/FT. d) Al 30 de septiembre de 2018 quedará diferido el cumplimiento de los Regímenes Informativos establecidos en el artículo 38 de la presente resolución; comenzando a partir de tal fecha la obligación de informar en los términos y condiciones allí contemplados. La norma dispone que los preceptos y previsiones cuya implementación y ejecución no hayan sido diferidos en el tiempo entrarán en vigencia el día 1º de junio de 2018.

El presente no constituye un análisis exhaustivo de la nueva Resolución UIF 21/2018, su reciente sanción lo impide. Sin embargo puede considerarse un punto de partida para conocer la norma y los desafíos que los sujetos obligados del sector tienen por delante.

En F & G consultores nos especializamos en Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, ofreciendo asesoramiento de manera dinámica y ajustada las necesidades de cada uno de nuestros clientes.



Diego Miguel Gamba

Especialista en Prevención de Lavado de Activos (UBA)

Curso de posgrado "Derecho Tributario Internacional" Tribunal Fiscal de la Nación

Curso de posgrado "Reglas Internacionales contra la Corrupción" (UCA)

Maestrando en Derecho y Economía (UBA)

Maestrando en Administración y Políticas Públicas (UdeSA)