La Justicia y la Unidad de Información Financiera han puesto a los inmuebles y automotores de lujo en su radar

15.01.2018

Recientes noticias periodísticas referidas a casos judiciales en los que se investiga lavado de dinero y en los que se han descubierto importantes inmuebles y espectaculares automotores, entre otros activos, que no se encontrarían declarados ante el fisco, ni podrían ser justificados por sus tenedores, dan cuenta que la Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) han puesto sus radares sobre estos bienes.

Es sabido que los delincuentes económicos llevan a cabo sus acciones delictivas con el fin último de hacerse de dinero y que luego pretenden disfrutarlo adquiriendo bienes que se ofrecen en la economía formal, para lo cual se ven obligados a "lavarlo".

El sistema de prevención de lavado de activos está diseñado para frustrar ese objetivo, contribuyendo así, no sólo a la prevención del delito de lavado, sino también a la de los delitos precedentes, que son aquellos que generan el dinero ilícito (como la evasión, la corrupción, el narcotráfico, entre otros -en orden de magnitud de dinero ilícito generado por los delitos mencionados, de acuerdo con la experiencia recogida a lo largo de años de trabajo en el tema-).

Inmuebles y autos de lujo encabezan la lista de activos preferidos por los delincuentes, por ello, inmobiliarias y concesionarias de automotores fueron incluidas como Sujetos Obligados a informar a la UIF en la modificación de la ley antilavado efectuada en el año 2011. Su actividad se encuentra actualmente regulada por la UIF mediante los Resoluciones UIF N° 16/2012 y N° 489/2013, por lo que tienen la obligación de informar a ese organismo todas las operaciones realizadas por sus clientes que no cuenten con justificación económica o jurídica, bajo pena de recibir severas multas.

Debe notarse que el sistema implementado por la UIF también cuenta con otros Sujetos Obligados que tienen incidencia en la prevención de la utilización de los mencionados bienes para el lavado de activos. Así, para detectar personas interpuestas en la compra de automotores de lujo, es decir, prestanombres que figuran como los titulares registrales de los vehículos siendo que los "verdaderos" dueños los disfrutan desde las sombras, se establece en el artículo 26 de la Resolución UIF N° 127/2012, dirigida al Registro de la Propiedad Automotor, un mecanismo de singular importancia. Se trata de un Reporte sistemático por el cual ese registro debe remitir mensualmente información relativa a las tarjetas azules (requisito exigido para poder circular por la vía pública, si quien conduce el automotor no es su titular registral) emitidas en el país, respecto de automotores que superen determinado valor.

Respecto a los inmuebles debe considerarse que en las operaciones realizadas con esos bienes intervienen otros Sujetos Obligados además de las inmobiliarias, como escribanos y los Registros de la Propiedad Inmueble, encontrándose sus obligaciones reguladas mediante las Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 41/2011, por lo que las operaciones no informadas por las inmobiliarias podrán serlo por ellos, dejando en evidencia la inacción de las primeras. Máxime cuando los escribanos también deben comunicar a la UIF, por la vía de reportes sistemáticos mensuales: todas las operaciones en efectivo superiores a $ 700.000; la compraventa de inmuebles superiores a $ 1.000.000 y las operaciones sobre inmuebles ubicados en las zonas de frontera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución UIF N° 70/2011.

Frente a las novedades judiciales, y la reciente modificación de la Ley N° 25.246, por vía del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, recomendamos a las inmobiliarias, concesionarias de autos, como al resto de los Sujetos Obligados mencionados, que actualicen el sistema de prevención de lavado de activos que hubieran implementado de acuerdo con un enfoque basado en riesgo (conforme lo establecido en el artículo primero de las 40 recomendaciones del GAFI para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), efectuando una evaluación de los riesgos que enfrentan y evaluando la efectividad de sus controles; que determinen el riesgo que representa la relación que se entabla con cada uno de sus clientes, así como las operaciones que estos realicen, a los efectos de mitigar esos riesgos y que adopten medidas para identificar a los propietarios, beneficiarios finales de las operaciones, exigiendo cuando corresponda las constancias que acrediten el origen lícito de los fondos involucrados en las operaciones.

Todo ello, a los efectos de cumplir con sus obligaciones ante la UIF, asegurar la licitud de las operaciones que sus clientes realizan por su intermedio y evitar sanciones por parte del Organismo antilavado y/o de la justicia.


Diego Miguel Gamba

Abogado (UBA)

Especialista en Prevención de Lavado de Activos (UBA)

Curso de posgrado "Derecho Tributario Internacional" Tribunal Fiscal de la Nación

Curso de posgrado "Reglas Internacionales contra la Corrupción" (UCA)

Maestrando en Derecho y Economía (UBA)

Maestrando en Administración y Políticas Públicas (UdeSA)