Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe

27.11.2018

Con el trasfondo de una serie de escándalos de alcance sin precedentes en América Latina y el Caribe (ALC), es evidente que la corrupción amenaza con erosionar los cimientos de gran parte del bienestar económico y la estabilidad política de la región, así como el Estado de derecho. Hartos de la corrupción y la impunidad, el actuar de manera concreta y efectiva para frenar este cáncer es una de las prioridades de los votantes y de muchos de los candidatos en las numerosas elecciones de la región en 2018 y probablemente también en los próximos años. Es hora de analizar detenidamente lo que ha sucedido en la región y en el mundo, y las enseñanzas que hemos aprendido de ello, como así también lo que esto significa para las próximas iniciativas destinadas a controlar la corrupción y mejorar las perspectivas de los 650 millones de habitantes de la región. 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, convocó a un Grupo Asesor de Expertos compuesto por ocho académicos y profesionales en materia de gobernanza y anticorrupción (véase el anexo 1) con el objetivo de identificar enfoques innovadores y efectivos para combatir la corrupción en la región de ALC. Enriquecido por las décadas de experiencia de los miembros del grupo, este informe analiza las principales características de la corrupción en la región y propone una agenda ambiciosa hacia una transformación más sistémica. 

Esta labor es urgente y necesaria. La corrupción ha logrado penetrar los más altos niveles de gobierno, la sociedad y la economía. Está vinculada a la perniciosa captura del Estado por parte de las élites en gran parte de la región y, como lo ilustra el caso Lava Jato, opera a través de las fronteras. En términos generales, los datos muestran que en las últimas dos décadas no ha habido mejoras significativas en la región en indicadores clave de gobernanza, o peor aún, salvo algunas excepciones, la región ha mantenido un desempeño deficiente en la implementación del Estado de derecho y el control de la corrupción. El impacto distorsionador del dinero en la política en la región se asocia a políticas y prácticas que benefician a una reducida élite que, con reformas fallidas, socava la confianza pública en el gobierno y las instituciones democráticas. 

Por un lado, la globalización y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes para ocultar las ganancias del crimen y la corrupción, las que a su vez pueden utilizarse para comprar acceso al poder. Por otro lado, las mejoras sistémicas en gobernanza, la acción colectiva, el uso de nuevas tecnologías y la aplicación de regulaciones basadas en estándares internacionales ofrecen vías prometedoras para enfrentar la corrupción. 

En la mayoría de los países de ALC, la corrupción y la captura del Estado son sistémicas. La interconexión entre redes de élites políticas y económicas a menudo socava la formulación de políticas sólidas y el Estado de derecho, consolidando la impunidad y desviando los recursos públicos y la inversión en el bien común. 

Este informe recomienda un enfoque de múltiples niveles que requiere una acción colectiva de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones internacionales para atacar las raíces de la corrupción y la captura del Estado a través de iniciativas globales, regionales y locales. La tecnología junto a herramientas y enfoques de gobernanza innovadores puede permitirles a estos actores trabajar en conjunto para poner en práctica estrategias de gobernabilidad eficaces. También será fundamental la voluntad política de los dirigentes. 

Para abordar la naturaleza transnacional de la corrupción es preciso fortalecer las iniciativas regionales. Entre ellas se incluyen iniciativas a nivel del Poder Judicial, muchas veces rezagadas en la región y a menudo sometidas a la corrupción, perpetuando así la impunidad y debilitando el Estado de derecho y la confianza en las instituciones. Las normas, leyes y prácticas judiciales deben alinearse a los estándares internacionales, y debe también considerarse la aplicación en toda la región de herramientas innovadoras como la negociación de cargos y sentencias. Deberían promoverse más iniciativas sobre transparencia a nivel regional, tales como el establecimiento de registros públicos que identifiquen a los beneficiarios finales de las empresas y entidades financieras, o la adopción de estándares internacionales de transparencia relacionados a los recursos naturales, como los incorporados en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). 

A nivel nacional deben implementarse reformas para frenar el flujo irregular de dinero en la política y mejorar la gestión y gobernanza de los recursos naturales. También se necesitan reformas en materia de compras y contrataciones públicas, en particular para las grandes inversiones en infraestructura y para las industrias extractivas. La sociedad debe tener acceso a información precisa y creíble sobre la financiación política y sobre el uso de los recursos públicos. Además, debe disponer de canales apropiados para participar en los asuntos públicos y acceder a sus servicios. La simplificación de la burocracia también se encuentra pendiente para las transacciones con las administraciones públicas. 

La región actualmente afronta una encrucijada política y socioeconómica. La forma en la que se enfrente el costoso desafío de la corrupción y la captura del Estado será crucial para sus perspectivas a mediano y largo plazo. En consecuencia, el informe concluye con un llamado para que los líderes y actores regionales y nacionales sean audaces en la promoción y aplicación de reformas de gobierno sistémicas y concretas. Un progreso real en las principales áreas de atención ayudaría a fortalecer el Estado de derecho y las instituciones públicas, abordaría la captura del Estado y ayudaría a los ciudadanos a alcanzar sus aspiraciones de contar con un desarrollo sostenible e inclusivo. Tales iniciativas han de ser lideradas desde dentro de cada país. Se requerirá voluntad política, determinación y perseverancia para afrontar una agenda ardua para los países de la región y sus instituciones públicas y privadas. 

Existen oportunidades prometedoras para trabajar estrechamente con la sociedad civil y con un sector privado cada vez más preocupado; también para beneficiarnos de la tecnología, para colaborar con la comunidad mundial y regional que lucha contra la corrupción, y para aprovechar los recursos, el apoyo y la participación del BID y otras instituciones internacionales. La ambiciosa estrategia que aquí se presenta se aparta del statu quo o de un enfoque incremental. Este último no restablecería la confianza ni las inversiones, ni tendría tampoco el gran impacto que se necesita. Si bien los programas deben adaptarse a las condiciones imperantes en cada país, será fundamental contar con un compromiso firme para implementar reformas concretas de gobernanza en toda la región y a través de sus fronteras 


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