Fraudes en las obras sociales y mafias sindicales por Alfredo Popritkin

26.01.2018

Las fortunas de los gremialistas resultan inocultables, son evidentes. Esta realidad data de muchos años, pero recién ahora encuentran una reacción oficial.

Los patrimonios exagerados solo se explican en las administraciones fraudulentas de sindicatos y obras sociales acumuladas por décadas.

No resisten las mínimas investigaciones. Las técnicas y procedimientos para investigar lavado de dinero y evasión tributaria desnudan la realidad. Surgen riquezas brutales y ostentaciones groseras. Afloran y se destapan testaferros, cuentas en el exterior, sociedades off shore y empresas creadas para ocultar negocios turbios.

La UIF, la AFIP, la PROCELAC, el MPF, la PROTEX y los contadores forenses están al frente. Muy poca información registrable escapa a las garras de los organismos de investigación. Además, la capacidad de relacionamiento e interpretación ha venido mejorando y es así como se desentrañan maniobras cada vez más sofisticadas.

Están aún rezagados el Ministerio de Seguridad en la investigación del dinero que maneja el crimen organizado, así como la Oficina Anticorrupción que no crece en sus aspectos técnicos.

Los casos judiciales sobre delitos económicos avanzan con mayor respaldo de pruebas, lo que facilita la tarea de fiscales y jueces, a la vez que exige mayor esfuerzo de los equipos de defensores.

Se requiera mayor independencia política de la UIF, la OA y la AFI, para que las investigaciones avancen por igual sobre todos los criminales, sin distinciones políticas ni económicas.

La demanda de expertos para apoyar las defensas de los sospechosos está en alza, y también crece la búsqueda de nuevos mecanismos eficientes de disimulación de riquezas ilegales.

La justicia desplazó su hegemonía del tradicional Cuerpo de Peritos Contadores hacia un cuerpo Anticorrupción en ciernes, concentrado y que responde al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El nuevo cuadro de investigadores plantea un panorama todavía incierto, en donde aún no queda del todo claro el asincrónico discurso político con la realidad de los hechos.

La postergación de leyes como extinción de dominio y arrepentido, así como la decisión de limitar el alcance de la prisión preventiva de los funcionarios públicos a través del Congreso Nacional, reflejan las indefiniciones y contradicciones del gobierno.

La reforma del Código Penal que avanza a buen ritmo, promete mover el tablero. Habrá que estar atentos a los cambios que se realicen sobre el anteproyecto, que está terminando la comisión de penalistas.

Alfredo Popritkin es investigador de Fraudes y Delitos Económicos, Ex Perito Contador Oficial de la Corte Suprema de Justicia.

https://www.clarin.com/opinion/fraudes-obras-sociales-mafias-sindicales_0_H1IUpo_Bf.html