Elaboración y aplicación de estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. Guía práctica

31.01.2018

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento internacional de carácter amplio destinado a combatir el flagelo de la corrupción en todo el mundo. Como se observa en el preámbulo de la Convención, la corrupción no solo pone en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades, las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, el desarrollo sostenible y el estado de derecho, sino que constituye también un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella. Con la ratificación por 176 Estados parte (al 24 de julio de 2015), la Convención ha establecido la oposición a la corrupción como norma mundial y ha hecho de la eliminación de la corrupción una aspiración mundial. Los Estados parte en la Convención deben adoptar medidas eficaces para prevenir la corrupción (capítulo II, artículos 7 a 14), tipificar como delito los actos de corrupción y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley (capítulo III, artículos 15 a 42), cooperar con otros Estados parte en la aplicación de leyes de lucha contra la corrupción (capítulo IV, artículos 43 a 50) y prestarse asistencia mutua en la restitución de los activos obtenidos mediante la corrupción (capítulo V, artículos 51 a 59). Por otra parte, además de disponer que se adopten medidas eficaces en cada una de esas esferas concretas, el artículo 5 establece las obligaciones más generales que debe cumplir cada Estado parte: a) formular y aplicar o mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción; b) establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción; y c) procurar evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción. Además, en virtud del artículo 6, cada Estado está obligado a garantizar la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción mediante la aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas. Por lo tanto, una de las principales obligaciones de los Estados parte en virtud de la Convención, y sobre la cual han de rendir cuentas en el marco del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención establecido con arreglo al artículo 631 , es garantizar que sus políticas de lucha contra la corrupción sean eficaces y se coordinen y evalúen periódicamente. 

Informe completo en https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2017/National_Anti-Corruption_Strategies_-_A_Practical_Guide_for_Development_and_Implementation_-_Spanish.pdf